JORDI BORJA 24/11/2006 - El País

El principal mérito de la democracia es cambiar los gobiernos, más que
elegirlos según Popper. El Consejo Municipal de Barcelona se propone aprobar
definitivamente el Plan del Patrimonio Industrial y la modificación del
planeamiento aplicable a Can Ricart. La oposición ciudadana en defensa de este
complejo industrial de indudable interés histórico y muy adecuado a nuevos
usos en la ciudad del siglo XXI considera esta aprobación como la destrucción
de un sistema coherente, que proporciona identidad integradora y diferencia
atractiva a su entorno y que culmina una política permisiva de demolición de
parte del patrimonio industrial. Esta oposición ha dado lugar al encuentro
entre actores ciudadanos diversos: desde colectivos vecinales hasta sectores
profesionales e intelectuales. Una comisión ciudadana se ha constituido para
promover una consulta popular. Y otras iniciativas van más lejos, como las de
investigar posibles intereses ocultos en esta discutible operación. No es
seguro que una decisión municipal poco justificada pueda ser ejecutada.

Tengo la impresión que la actual alcaldía ha recibido una patata caliente. Los
responsables de la operación proceden del equipo anterior y han hecho de la
cuestión un asunto de autoridad. Pobre es aquel que sólo puede afirmar su
autoridad en la ley y no en la razón, ni en el conocimiento ni en la capacidad
de diálogo. Y lamentable es el triste papel de los representantes de los
partidos minoritarios del gobierno que han practicado un seguidismo servil, en
contra de la voluntad de sus propios militantes. Esperemos que la renovación
también les llegue a ellos.

He hablado con decenas de dirigentes asociativos, profesionales de la
arquitectura y el urbanismo, gente del sector cultural, etcétera y nadie
entiende la actitud municipal. ¿Por qué romper un conjunto que permite una
edificabilidad similar a la prevista por el planeamiento y que puede
convertirse en un área de centralidad para nuevas actividades posindustriales,
comerciales y de ocio? Hoy nadie discute seriamente ni el valor histórico ni la
oportunidad revalorizadora del entorno mediante un buen reuso de este conjunto.
Es curioso que mientras en el Born se sigue una política inmovilista, de
protección a ultranza de los restos arqueológicos, con el riesgo que acabe
siendo una zona muerta si no se ejecuta un proyecto que sirva de base y de
incitación a actividades ciudadanas diversas en Can Ricart, una joya de
nuestro reciente pasado industrial resulte tan difícil hacer aceptar no tanto
su conservación como su reconversión aprovechando el valor del conjunto.
¿Por qué?

Es fácil suponer en esta época de escándalos inmobiliarios la existencia de
intereses económicos. Evidentemente existen por parte de la propiedad y
quizás por parte de algunos profesionales más o menos próximos a ésta.
Estoy convencido de que no está aquí la explicación de la postura municipal.
Puede haber algo de arrogancia política, de despotismo poco ilustrado, de
apresuramiento administrativo, de cansancio ante un proceso largo por la
dificultad que han tenido los mismos responsables municipales en entender el
tema. Y, haciendo un poco de psicoanálisis es posible que haya una voluntad
subconsciente de borrar trazas de la industria y de la historia obrera, de no
asumir la Barcelona que se llamó "rosa de fuego", de negar la ciudad marco del
conflicto social.

Como a pesar de todo tengo alguna esperanza en el nuevo liderazgo municipal,
aún confío en que se evite una decisión errónea, perjudicial para la ciudad
y de posibles efectos negativos para un gobierno que dentro de pocos meses debe
afrontar elecciones.